El Mundial 2026 no se paga con un solo cheque ni con una bolsa pública exclusiva. Sin embargo, sí obliga a revisar una pregunta incómoda: ¿qué parte del dinero que aportan trabajadores, consumidores y empresas termina sosteniendo las condiciones para que México sea sede?
La respuesta no está dentro del estadio, sino alrededor: movilidad, seguridad, servicios urbanos, logística, mantenimiento, vigilancia, transporte y obras que deben funcionar antes, durante y después de cada partido.
México será sede mundialista por tercera vez, después de 1970 y 1986. Esta vez el contexto es distinto. La ciudadanía exige más transparencia, las obras públicas cuestan más y la discusión fiscal se volvió central porque la FIFA y ciertos actores vinculados directamente con la competencia cuentan con un régimen especial.
La FIFA no paga como cualquier empresa
El punto más polémico está en los beneficios fiscales. La FIFA, sus subsidiarias, la sociedad organizadora, la emisora anfitriona y ciertos prestadores registrados pueden acceder a exenciones en impuestos como ISR, IVA e IEPS, siempre que sus actividades estén directamente relacionadas con la Copa Mundial.
Eso no significa que todo negocio relacionado con el torneo quede libre de impuestos.
Una empresa mexicana que venda alimentos, contrate personal, preste servicios locales o realice operaciones ordinarias debe cumplir con sus obligaciones fiscales. La diferencia está en si fue reconocida formalmente como parte del esquema autorizado para FIFA 2026 y si sus ingresos corresponden a actividades exclusivas del evento.
Entonces, ¿qué paga la gente?
Los impuestos de millones de trabajadores y consumidores entran al presupuesto público general. Desde ahí se financian funciones del Estado que también se vuelven indispensables durante el Mundial.
En las ciudades sede, esos recursos ayudan a cubrir seguridad pública, protección civil, limpieza, atención médica, transporte, señalización, control vial, mantenimiento urbano y operación de espacios públicos.
También se destinan inversiones para mejorar la movilidad alrededor de estadios, aeropuertos, corredores turísticos y zonas de alta concentración de visitantes.
El gobierno federal informó inversiones de entre 1,500 y 2,000 millones de pesos para cada sede mexicana, con énfasis en movilidad, infraestructura, cultura y seguridad.
El costo invisible: seguridad y movilidad
El Mundial no solo implica partidos. También implica operativos.
Cada encuentro requiere coordinación entre autoridades locales y federales, cuerpos de emergencia, policías, personal de tránsito, protección civil, sistemas de transporte y servicios públicos.
Por eso, una parte importante del gasto asociado al torneo no aparece como espectáculo deportivo, sino como operación urbana.
En Ciudad de México, por ejemplo, las obras relacionadas con la movilidad incluyen intervenciones en Centros de Transferencia Modal y puentes vehiculares en la zona del estadio. La promesa oficial es que estas mejoras no sirvan únicamente para turistas, sino que permanezcan para quienes viven y trabajan en la ciudad.
El debate: derrama económica contra renuncia fiscal
Quienes defienden los beneficios fiscales argumentan que el Mundial atraerá turismo, consumo, ocupación hotelera, empleos temporales e inversión.
Quienes cuestionan el esquema advierten que el país deja de cobrar impuestos a uno de los organismos deportivos más poderosos del mundo, mientras la población sí mantiene sus obligaciones fiscales.
Ahí está el centro de la discusión: el Estado apuesta a que la derrama económica compense lo que no cobrará directamente a la FIFA.
Pero para que esa apuesta tenga sentido, las autoridades deben demostrar con datos cuánto se invirtió, cuánto se recaudó de manera indirecta y qué infraestructura quedará para la población.
Lo que las empresas deben cuidar
Las empresas que participen en actividades relacionadas con el Mundial deben revisar contratos, facturación, registro ante el SAT, residencia fiscal, establecimiento permanente y separación de operaciones.
No basta con trabajar cerca del evento para recibir beneficios.
Si una operación no está cubierta por el régimen especial, debe pagar impuestos conforme a la ley mexicana.
Para trabajadores y sindicatos, la discusión de fondo es otra: mientras el país celebra la llegada del torneo, también debe exigir que cada peso público invertido deje beneficios medibles para la población, no solo para la imagen internacional del evento.
