España busca reactivar la adaptación de la directiva europea sobre transparencia salarial con una nueva mesa de negociación encabezada por el Ministerio de Trabajo. La convocatoria reúne a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, así como a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, con el objetivo de avanzar en una reforma que permanece pendiente.
El encuentro fue programado para el 1 de julio y llega después de que el Gobierno español incumpliera el plazo fijado por la Unión Europea para incorporar la normativa comunitaria al marco legal nacional. La fecha límite venció el 7 de junio sin que se aprobara la legislación correspondiente.
Ministerio de Trabajo busca adaptar la directiva europea
La directiva tiene como finalidad reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres que desempeñan trabajos de igual valor. La normativa establece que cuando esa diferencia supere el cinco por ciento, las empresas deberán analizar sus causas junto con la representación de los trabajadores y adoptar medidas correctivas para evitar posibles situaciones de discriminación.
Asimismo, aunque la directiva todavía no forma parte de la legislación española, los sindicatos recuerdan que los tribunales pueden utilizar sus principios como referencia en conflictos relacionados con igualdad salarial. El propio Gobierno mantiene una interpretación similar respecto a la protección de estos derechos.
Negociaciones pendientes entre sindicatos y patronales
El departamento encabezado por Yolanda Díaz informó que prepara un borrador normativo para presentarlo a los agentes sociales. Sin embargo, todavía no ha precisado si la adaptación llegará mediante un real decreto ley o un real decreto reglamentario.
Además, esta negociación se suma a otras mesas abiertas sobre la reforma de las indemnizaciones por despido y la participación sindical en los consejos de administración de las empresas. En ambos procesos persisten diferencias importantes entre el Ejecutivo, las organizaciones sindicales y las patronales.
Solo Eslovaquia, Italia y Lituania completaron la transposición de la directiva dentro del plazo europeo, mientras que España permanece entre los países que aún no cuentan con un proyecto normativo en marcha para cumplir plenamente con esta obligación comunitaria.
