Universidades públicas y trabajadores del sector salud en Sinaloa buscan que el presupuesto estatal de 2027 incluya recursos suficientes para atender salarios, prestaciones, regularización laboral y operación institucional. Las solicitudes serán analizadas durante la preparación del próximo paquete económico.
Las instituciones educativas han advertido que los recursos actuales resultan insuficientes ante el crecimiento de la matrícula, los aumentos salariales y los compromisos incluidos en los contratos colectivos. En algunos casos, los presupuestos ordinarios tampoco cubren completamente los gastos de cierre de año.
Por otra parte, trabajadores de salud contratados bajo condiciones precarias esperan que el nuevo presupuesto permita regularizar sus plazas, mejorar sus ingresos y garantizar prestaciones laborales. La demanda busca dar estabilidad a personal que lleva años trabajando en hospitales y unidades médicas.
Universidades enfrentan presiones financieras
La Universidad Autónoma de Sinaloa necesita recursos extraordinarios para cubrir aguinaldos y las quincenas de diciembre. Autoridades universitarias y representantes sindicales han señalado que los adelantos presupuestales ya no son suficientes para resolver el déficit acumulado.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa solicitó apoyo a la Secretaría de Educación Pública para asegurar el cumplimiento de los compromisos laborales. Entre los problemas señalados se encuentran prestaciones sin reconocimiento presupuestal y un subsidio por estudiante inferior a las necesidades institucionales.
Otras instituciones también presentaron solicitudes. La Universidad Autónoma de Occidente pidió un incremento para fortalecer su operación, mientras que la Universidad Autónoma Indígena de México advirtió que recibe una de las asignaciones más bajas por alumno.
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Personal de salud espera estabilidad laboral
El Gobierno de Sinaloa informó que analiza recursos para atender la situación del personal de salud con bajos ingresos, contratos inestables o prestaciones incompletas. La intención anunciada es avanzar en la regularización a partir de enero de 2027.
Para los trabajadores, la asignación presupuestal debe traducirse en plazas formales, sueldos homologados y acceso completo a derechos laborales. También debe permitir que hospitales y centros de salud mantengan suficiente personal para brindar atención.
El análisis del presupuesto será decisivo para determinar cuánto dinero podrá destinarse a estas solicitudes. Los sindicatos sostienen que los recursos para educación y salud no deben verse únicamente como gasto, sino como una inversión que protege empleos y servicios esenciales.
