La reducción laboral en México enfrenta barreras políticas y económicas

La lucha por una jornada laboral más corta en México ha encontrado un freno que refleja las tensiones estructurales del país. Pese al respaldo de organizaciones sindicales, académicos y gran parte de la sociedad, la reforma para reducir de 48 a 40 horas semanales se ha detenido en el Congreso, con argumentos que apelan a la estabilidad económica y al “momento adecuado”.

El dictamen, aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales desde abril de 2024, no ha llegado al pleno de la Cámara de Diputados. Legisladores de partidos como el PRI y el PAN insisten en que se requiere mayor diálogo, incluso cuando otros sectores acusan una falta de voluntad política. La propuesta, que impactaría directamente en el Artículo 123 constitucional, busca alinear a México con estándares internacionales, donde las 40 horas semanales son la norma.

Empresariado dividido frente a la reducción laboral

Por otro lado, representantes empresariales han manifestado que la medida generaría costos adicionales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el argumento contrasta con estudios del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), que afirman que una jornada más corta podría incrementar la productividad y mejorar el bienestar de la clase trabajadora.

También se han llevado a cabo foros de Parlamento Abierto donde trabajadoras, sindicatos y especialistas han defendido la urgencia de esta reforma, subrayando que México es uno de los países con jornadas más extensas en América Latina.

A medida que se acerca el próximo periodo ordinario de sesiones, programado para febrero de 2026, diversos colectivos mantienen la presión sobre el Congreso para que la reforma sea discutida y aprobada sin más demoras.

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