Más de 20 organizaciones productivas de la Comarca Lagunera en Durango denunciaron que integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y grupos criminales les exigen pagos bajo amenaza de violencia.
Los empresarios locales señalaron que la estructura funciona como un sistema paralelo de control económico en la región, donde las llamadas “cuotas sindicales” se transforman en cobros ilegales para permitir actividades básicas.
Impacto en actividades productivas
Los afectados afirmaron que los cobros alcanzan prácticamente todos los eslabones de la cadena productiva. Desde la movilización de ganado hasta la venta de subproductos agrícolas como la pollinaza, pasando por el uso de módulos de riego, todo requiere un pago impuesto.
En algunos casos, productores deben entregar hasta 20 000 pesos por hectárea para acceder al agua necesaria en sus cultivos, cifra que representa un golpe directo a la rentabilidad y sostenibilidad de sus negocios.
Reclamo directo a las autoridades
Los representantes del sector exigieron la intervención de la presidencia y de la Secretaría de Seguridad federal. Pidieron desarticular la red, abrir investigaciones por extorsión y asociación delictuosa, y garantizar la protección de quienes se han negado a pagar. En su reclamo, destacaron que la situación trasciende el ámbito laboral y afecta la seguridad económica de la región.
El líder de la CATEM, Pedro Haces, rechazó los señalamientos y acusó a los gobiernos estatales de Coahuila y Durango de fabricar acusaciones con fines políticos. Mientras tanto, organizaciones civiles advirtieron que la falta de acción institucional refuerza la percepción de impunidad.
La preocupación crece porque, de acuerdo con datos oficiales, la Comarca Lagunera concentra más de 60 000 hectáreas de riego, lo que convierte a la zona en un objetivo estratégico para quienes buscan controlar la economía agrícola mediante extorsiones.
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