La jornada laboral en México tendrá nuevos mecanismos de supervisión tras la reforma que reducirá gradualmente el límite semanal de trabajo a 40 horas. Entre los cambios que se integrarán a la Ley Federal del Trabajo se encuentra la obligación patronal de contar con un registro electrónico de horarios.
Este sistema, conocido comúnmente como reloj checador, permitirá documentar el tiempo efectivo de trabajo y facilitará la vigilancia del cumplimiento de los nuevos límites legales sobre horas laborales y tiempo extraordinario.
Jornada laboral exigirá registro electrónico
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social explicó que el registro digital ayudará a reforzar la inspección laboral. Con esta herramienta, la autoridad podrá verificar que las empresas respeten el nuevo tope de horas semanales y el límite establecido para el trabajo extraordinario.
El titular de la dependencia, Marath Bolaños, ha señalado que el objetivo consiste en garantizar que la reforma constitucional se aplique correctamente en los centros de trabajo.
Aunque la reforma que establece la jornada laboral de 40 horas ya fue promulgada, la obligación del registro electrónico aún no entra en vigor. El Congreso deberá incluir esta disposición dentro de las modificaciones a la legislación secundaria.
Implementación prevista para 2027
El proyecto legislativo contempla que el reloj checador sea obligatorio a partir del 1 de enero de 2027, fecha en la que comenzará la reducción gradual de la jornada laboral.
Durante 2026 se prevé un periodo de preparación para que los centros de trabajo adquieran los sistemas tecnológicos necesarios y adapten sus procesos administrativos.
La reforma establece que la transición hacia la jornada laboral de 40 horas concluirá el 1 de enero de 2030. Además, mantiene la prohibición de reducir salarios o prestaciones durante el proceso de ajuste.
También fija nuevos límites al tiempo extraordinario y prohíbe que las personas menores de 18 años realicen horas extra.
En paralelo, el Congreso de la Unión cuenta con un plazo de 90 días para armonizar la Ley Federal del Trabajo con las modificaciones constitucionales.
