La gran mayoría de quienes trabajan en Argentina vive una realidad marcada por la inseguridad económica: percibir un ingreso por debajo de lo necesario para cubrir las necesidades básicas. Esa condición afecta tanto a asalariados formales, informales como a cuentapropistas, y reproduce una forma silenciosa pero extendida de vulnerabilidad social.
De acuerdo con un reciente informe del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, un 72 % de los trabajadores argentinos gana menos de un millón de pesos por mes. Dentro de ese grupo se incluyen asalariados, cuentapropistas y trabajadores informales.
Incluso quienes tienen empleo formal no están exentos. El 58 % del segmento mejor remunerado de ese universo tampoco supera dicho umbral.
Implicaciones sociales y necesidad de atención sindical
Las cifras reflejan una crisis de ingresos que va más allá de la informalidad laboral. La incapacidad de cubrir una canasta básica coloca a una parte considerable de la población ocupada en una zona de precariedad estructural.
La carga del costo de vida con inflación, vivienda cara, servicios públicos caros y ajustes en subsidios erosiona aún más el poder adquisitivo. Esto obliga a muchas personas a asumir múltiples empleos para intentar llegar a fin de mes. En ese contexto el concepto de “trabajador pobre” deja de ser una excepción para convertirse en norma.
La persistencia de esa condición, aun entre quienes tienen empleo formal, cuestiona la eficacia de los mecanismos actuales de remuneración y protección social. Las organizaciones sindicales tienen ante sí un reto central: visibilizar estas realidades, exigir acuerdos que garanticen ingresos dignos y promover políticas laborales que prioricen la estabilidad económica de los trabajadores.
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