Trabajadores de Pemex durante operaciones en campo con equipo de protección
Durante cuatro meses, trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) en La Paz enfrentaron en silencio una situación insostenible. A finales de enero de 2026, decidieron alzar la voz públicamente. Representantes de más de 500 empleados y jubilados se manifestaron en las instalaciones de Punta Prieta para denunciar el desmantelamiento progresivo de su servicio médico, un derecho básico que hoy se les niega.
La protesta no busca detener la operación de la terminal, esencial para el suministro de combustibles en Baja California Sur. Exigen, sin embargo, una solución inmediata al desabasto de medicamentos, la cancelación de viáticos y la suspensión de traslados a hospitales especializados. En casos extremos, pacientes deben costear traslados de hasta 3,000 kilómetros por su cuenta para recibir tratamientos vitales.
Isaac Plancarte, jubilado de Pemex, subrayó la gravedad del abandono: sin insulina desde hace cuatro meses, su vida y la de muchos compañeros corre peligro. Asegura que Pemex mantiene un adeudo millonario con proveedores como Logimedex, lo que ha derivado en el cierre de servicios subrogados y la interrupción de tratamientos para enfermedades crónicas, cáncer e hipertensión.
El delegado sindical Aldo Cázares elevó la denuncia al Sindicato Nacional, explicando que no hay autoridades locales de Pemex con poder de resolución. Desde noviembre de 2025, el hospital dejó de operar y ya no se atienden urgencias. Además, trabajadores han tenido que comprar incluso insumos de oficina para poder seguir cumpliendo sus funciones.
El riesgo es alto: quienes protestan hoy son los mismos que garantizan el suministro de combustibles para aviones, barcos, vehículos y la Comisión Federal de Electricidad. Sin respaldo médico, sus vidas y las del resto de los ciudadanos están en juego.
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