Las empresas que utilizan algoritmos laborales para organizar, supervisar o evaluar el trabajo mediante plataformas digitales enfrentarán nuevas obligaciones en la Unión Europea. Los países miembros tienen hasta el 2 de diciembre de 2026 para incorporar a sus legislaciones una directiva que busca proteger a quienes prestan servicios mediante aplicaciones.
La normativa aborda problemas que también preocupan a trabajadores de México y Latinoamérica, como la suspensión automatizada de cuentas, el uso de información personal y la dificultad para demostrar que existe una relación laboral detrás de un contrato de servicios independientes.
Nuevas garantías frente a los algoritmos laborales
La Directiva 2024/2831 establece obligaciones de transparencia sobre los sistemas automatizados utilizados para supervisar actividades o tomar decisiones relacionadas con el trabajo.
Las plataformas deberán informar sobre el funcionamiento de estos mecanismos y garantizar intervención humana en determinadas decisiones que afecten a sus trabajadores.
Entre las protecciones destaca la obligación de contar con revisión humana para decisiones importantes, como la suspensión o cancelación de cuentas.
La regulación también limita el tratamiento de información personal sensible. Entre otras restricciones, impide utilizar sistemas automatizados para procesar conversaciones privadas o determinados datos relacionados con la actividad sindical.
Asimismo, exige evaluar los riesgos que estos sistemas pueden representar para la seguridad y la salud de quienes trabajan mediante aplicaciones.
Europa busca reconocer relaciones laborales encubiertas
Otro elemento central es la presunción legal de relación laboral cuando existan hechos que demuestren dirección y control por parte de una plataforma.
La clasificación dependerá de las condiciones reales en las que se realiza el trabajo, no solamente del nombre utilizado en el contrato.
Cuando corresponda aplicar esa presunción y la empresa quiera refutarla, deberá demostrar que no existe una relación laboral conforme a las normas nacionales.
La medida pretende facilitar el reconocimiento de derechos a personas que trabajan formalmente como independientes, pero están sujetas a mecanismos de control empresarial.
Aunque estas disposiciones no tienen aplicación directa en México, ofrecen un referente para discutir cómo regular los algoritmos laborales y garantizar que las decisiones automatizadas respeten los derechos de los trabajadores.
La directiva ya forma parte del marco jurídico europeo, pero cada país deberá incorporarla a su legislación antes del 2 de diciembre de 2026. Su aplicación concreta dependerá de las normas nacionales.
