Trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron este viernes un paro de labores para rechazar las evaluaciones de desempeño previstas para diciembre. Los manifestantes consideran que el nuevo mecanismo podría amenazar su estabilidad laboral, aunque las autoridades judiciales aseguran que los resultados no provocarán despidos.
Desde la madrugada, los inconformes cerraron con cadenas la sede judicial de San Lázaro, donde exigieron respeto a su antigüedad y garantías para conservar sus empleos. Los participantes advirtieron que mantendrán los bloqueos por tiempo indefinido, mientras distintas convocatorias buscan extender las movilizaciones a por lo menos 17 estados.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación exigen garantías
El conflicto surgió después de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicara en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que regula las evaluaciones derivadas de la reforma judicial.
El calendario contempla exámenes los días 1, 4, 8 y 15 de diciembre de 2026, dirigidos a secretarios, actuarios y oficiales.
Los trabajadores temen que este procedimiento afecte su permanencia en el servicio público, por lo que solicitan garantías sobre la conservación de sus plazas y el reconocimiento de su trayectoria laboral.
Las movilizaciones también buscan abrir un diálogo con las autoridades para aclarar las consecuencias de las nuevas disposiciones.
OAJ descarta despidos por las evaluaciones de diciembre
Ante las protestas, el organismo aseguró que la primera evaluación tendrá un carácter exclusivamente diagnóstico y no determinará la continuidad laboral de ningún empleado.
Explicó que los exámenes no contemplarán calificaciones aprobatorias o reprobatorias y que sus resultados servirán para identificar necesidades de capacitación.
La autoridad precisó que aplicará la primera evaluación ordinaria con efectos legales una vez que los trabajadores concluyan los cursos correspondientes.
Asimismo, el OAJ reconoció el derecho a la libertad sindical y a la manifestación de inconformidades, pero defendió las evaluaciones como una obligación legal para fortalecer la carrera judicial.
El organismo reiteró su disposición al diálogo y sostuvo que el procedimiento no busca justificar separaciones laborales.
Mientras tanto, los trabajadores mantienen sus exigencias de estabilidad y respeto a sus derechos, sin anunciar una fecha para levantar el paro.
