Huelga judicial en Níger expone fractura sindical y tensiones con el gobierno

El 15 de agosto de 2025, los tribunales de Níger quedaron paralizados tras la decisión del Sindicato Autónomo de Magistrados de Níger (Saman) de convocar una huelga nacional. La medida respondió al decreto gubernamental que, una semana antes, disolvió a los tres principales sindicatos judiciales sin ofrecer explicación, lo que detonó una ola de rechazo en el sector.

El gobierno destituyó de forma inmediata al secretario general del Saman, Abdurrahman Bagna, y a su adjunto, Mahamadu Mussa, acusándolos de avalar la convocatoria de huelga. Esta acción fue percibida como un intento de debilitar la autonomía del poder judicial y limitar la representación sindical. El Colegio de Abogados se sumó con una huelga de 48 horas, ampliando la protesta a otros sectores vinculados con la administración de justicia.

Tribunales sin actividad

En Niamey, las audiencias se suspendieron y las oficinas de los jueces de instrucción permanecieron cerradas. El paro se extendió a todo el país, dejando únicamente en operación funciones básicas del Ministerio Público. Esta parálisis afectó procesos penales y administrativos, generando incertidumbre en una población que ya enfrenta fuertes tensiones políticas y sociales.

Si este artículo te está gustando, te puede interesar: Maduro busca sustituir sindicatos con consejos productivos bajo control estatal

Reacciones de la sociedad civil

La Asociación Nigerina Anticorrupción, filial de Transparencia Internacional, calificó la disolución de los sindicatos como una amenaza directa a la independencia judicial. Para este organismo, la medida constituye un retroceso en las garantías democráticas y en el derecho de asociación de los funcionarios públicos.

Erosión sindical en expansión

Desde el golpe de Estado de julio de 2023, la junta militar ha intervenido en múltiples organizaciones. Antes de los sindicatos judiciales, el gobierno ya había disuelto al menos cuatro gremios del sector público, entre ellos el de aduanas.

Con estas decisiones, la administración ha reducido de manera drástica la capacidad de negociación de más de 20 mil trabajadores estatales, dejando en evidencia un patrón de control cada vez más amplio.