Venezuela se mantiene entre los países con mayores violaciones de derechos laborales a nivel mundial, de acuerdo con mediciones internacionales. Ese contexto agrega peso jurídico y social a la reciente convocatoria a una manifestación por sindicatos y organizaciones civiles.
Representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV y del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha anunciaron una movilización para el 14 de agosto en Caracas. La iniciativa responde a agresiones denunciadas contra familiares de presos políticos durante una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia.
Objetivos y convocantes
La protesta está orientada a entregar un documento a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público. Participarán sectores laborales, amas de casa, organizaciones sociales y cultores populares, en defensa de la Constitución y en reclamo contra los salarios indolentes.
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Relevancia jurídica
En un escenario de criminalización de la protesta y ausencia de diálogo social, la convocatoria representa una respuesta legal y ciudadana frente al deterioro institucional. La movilización refleja un reclamo colectivo por garantías civiles y laborales, mientras se expresa solidaridad con víctimas de abuso estatal.
El anuncio llega después de una ola de represión registrada desde los comicios de julio de 2024, con denuncias de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, torturas y restricción de libertades. Esta movilización busca sumar presión a un gobierno que ha intensificado el acoso contra opositores, sindicatos y defensores de derechos humanos.
Cada paso de esta dinámica, desde la vigilia hasta la convocatoria formal, marca eventos que podrían modificar el espacio público y jurídico en Venezuela.
Esta nota fue elaborada a partir de información de Infobae.
