En agosto de 2025, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que las movilizaciones sindicales fueron “una marcha a favor de la delincuencia y la corrupción”. De esta forma contrapuso la protesta con la liderada por él en defensa de sus reformas de seguridad. Esta declaración refleja una escalada en el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional.
Choque entre Ejecutivo y Justicia independiente
La manifestación encabezada por Noboa tuvo como eje crítico la suspensión temporal de 17 artículos claves de leyes sobre Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública, consideradas esenciales por el Gobierno para combatir el crimen organizado.
>La Corte, por su parte, advirtió sobre el riesgo a su seguridad y la integridad de sus miembros tras la aparición de gigantografías con los rostros de los magistrados, calificadas por el tribunal como una forma de estigmatización que pone en peligro su independencia.
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Riesgos institucionales y voces internacionales
Organismos como Human Rights Watch y la CIDH han advertido que estas acciones podrían amenazar el Estado de derecho y socavar la separación de poderes. La visibilidad pública de los jueces y el despliegue militar frente al órgano judicial refuerzan las preocupaciones sobre posibles interferencias gubernamentales en el sistema judicial.
>Este episodio añade una capa de tensión en el escenario político ecuatoriano, donde el Ejecutivo insiste en que se trata de un reclamo legítimo para avanzar en seguridad. Mientras tanto la Corte insiste en que su función es proteger el marco constitucional mediante análisis técnicos en audiencias públicas previstas.
Esta nota fue elaborada a partir de información de Bloomberg Línea.
