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Sindicatos llevan la defensa del voto a los tribunales

La preocupación por unas urnas libres de intimidación abrió un nuevo frente judicial en Estados Unidos. Una coalición sindical y civil demandó al Gobierno federal ante posibles operativos electorales.

La acción, presentada en Washington, busca impedir la presencia de agentes federales armados durante las elecciones legislativas de noviembre. Los demandantes consideran que esa vigilancia podría desalentar la participación ciudadana.

La defensa del voto une a sindicatos y organizaciones

La coalición reúne a nueve entidades, entre ellas la NAACP, Mi Familia en Acción y la Liga Urbana Nacional. También participan cuatro organizaciones sindicales estadounidenses.

El bloque laboral incluye al Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y la Federación Estadounidense de Maestros. Se sumaron gremios de pintores, alimentos y comercios.

La demanda señala al Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Justicia; Sus promotores advierten que un despliegue afectaría especialmente a comunidades negras, latinas, asiáticas, inmigrantes y familias con diferentes condiciones migratorias.

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La demanda busca proteger los centros electorales

El Gobierno estadounidense aseguró que no planea enviar agentes a los centros de votación. Además, recordó que la legislación federal limita esa presencia; Sin embargo, las autoridades dejaron abiertas excepciones ante órdenes de arresto o amenazas. El director del FBI también mencionó posibles acciones para garantizar la integridad electoral.

La coalición solicita una orden judicial que impida desplegar fuerzas federales dentro o alrededor de las casillas. Asimismo, invoca protecciones legales contra la intimidación electoral.

El caso lleva a los sindicatos más allá de la negociación colectiva. También vincula los derechos laborales con la participación política y el acceso seguro a las urnas; Cuatro de las nueve organizaciones demandantes representan a trabajadores de servicios, educación, pintura, comercio y alimentación. Su participación refuerza la dimensión laboral del proceso judicial.

REDACCIÓN

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