Las organizaciones del autotransporte de carga solicitaron adaptar la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales a las condiciones particulares del sector. Advirtieron que los recorridos de larga distancia, los tiempos de espera y la escasez de operadores requieren criterios específicos para evitar afectaciones al traslado de mercancías.
Durante una reunión con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), representantes de Canacar, Hamotac, Fematrac e Indeco, acompañados por Concanaco Servytur, plantearon que la reforma debe proteger los derechos laborales sin comprometer la seguridad, el empleo formal ni el abastecimiento de productos.
Transportistas piden distinguir tiempos de trabajo y descanso
Las organizaciones propusieron diferenciar las horas de conducción, disponibilidad activa y pasiva, espera y descanso. Explicaron que los operadores enfrentan retrasos ajenos a su control, como filas en aduanas, procesos de carga y descarga y demoras en centros de distribución.
También solicitaron aprovechar la bitácora de horas de servicio contemplada en la NOM-087-SCT-2-2017 y los sistemas tecnológicos existentes, para evitar registros duplicados y mayores costos administrativos.
La STPS informó que publicará los lineamientos del registro electrónico de la jornada laboral a más tardar el 15 de noviembre de 2026.
La dependencia aclaró que no exigirá una plataforma específica, aunque los mecanismos deberán garantizar la autenticidad, trazabilidad y protección de la información.
Proponen programa piloto y menores costos de contratación
Las organizaciones plantearon crear una mesa técnica con la STPS, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y representantes empresariales para desarrollar un programa piloto de registro electrónico y definir reglas para recorridos largos.
Por su parte, Concanaco Servytur solicitó revisar los costos asociados a la contratación formal, incluidos el IVA, ISR e impuestos sobre nómina, además de las obligaciones administrativas.
La Confederación advirtió que las microempresas y los negocios familiares necesitan condiciones que faciliten conservar empleos durante la transición.
También propuso incorporar a las autoridades fiscales y de seguridad social a las negociaciones.
El sector insistió en que cualquier ajuste debe considerar las condiciones operativas de los transportistas, especialmente ante la proximidad de El Buen Fin, cuando aumenta la importancia de mantener el flujo de mercancías y el abastecimiento comercial.
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