La protección del salario como derecho fundamental es un pilar del sistema laboral mexicano y un tema de suma relevancia para sindicatos y trabajadores organizados. El salario que recibe una persona trabajadora no solo representa la retribución económica por su labor, también refleja la dignidad y perspectiva de justicia social que debe prevalecer en los centros de trabajo. Reconocer cuándo es posible realizar descuentos y cuándo estos constituyen una vulneración al salario cambia la vida de millones de trabajadores en México.
La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece, en términos generales, que el salario es inembargable y no puede ser objeto de descuentos arbitrarios. Sin embargo, el marco jurídico contempla situaciones excepcionales donde la deducción puede realizarse, siempre bajo límites estrictos y con la correspondiente justificación legal.
Casos legales de descuentos y límites al salario
Entre los escenarios donde la ley permite deducciones se encuentran aquellas derivadas de órdenes judiciales para el pago de pensiones alimenticias. El patrón puede efectuar retenciones en el salario siempre que exista la orden expresa de la autoridad competente.
Asimismo, la LFT contempla la posibilidad de aplicar descuentos por el pago de rentas o abonos de créditos para vivienda, con topes que no pueden ser mayores al 15 % del salario cuando este excede el mínimo, o 10 % si corresponde estrictamente al salario mínimo. También son permitidos los descuentos por deudas contraídas con el empleador, como anticipos de salario, siempre que no excedan del importe de un mes de salario y no rebasen el 30 % del excedente del salario mínimo.
Del mismo modo se pueden efectuar deducciones para la constitución de cooperativas o cajas de ahorro, siempre que exista consentimiento expreso del trabajador. Otras situaciones estrictamente reguladas incluyen pagos relacionados con créditos autorizados como INFONAVIT o FONACOT.
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