El sindicato petrolero Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo y las Energías Alternativas (USO) exigió la intervención de las autoridades ante posibles incumplimientos contractuales y vulneraciones laborales que atribuye a SGS en un contrato ejecutado en el ICPET.

En un comunicado del 9 de septiembre, la organización denunció además posibles desviaciones en seguridad y salud laboral. Según la USO, durante meses presentó propuestas y solicitudes mediante canales institucionales para resolver estas situaciones.

Asimismo, cuestionó que representantes de SGS calificaran sus intervenciones como un discurso “anárquico” durante una reunión institucional. Ante ello, exigió una retractación pública, formal e inequívoca de la empresa y los funcionarios involucrados.

Sindicato petrolero pide auditorías y posibles sanciones

La USO solicitó activar mecanismos de seguimiento, control y auditoría laboral, contractual y operativa. El objetivo, señaló, consiste en determinar el alcance de las irregularidades que asegura haber denunciado previamente.

También reclamó actuaciones administrativas y la aplicación de multas, sanciones o medidas contractuales si las autoridades comprueban incumplimientos. Además, pidió detener cualquier conducta que pueda vulnerar derechos laborales o poner en riesgo la seguridad de los trabajadores.

La organización anunció que intensificará sus verificaciones e inspecciones en los distintos frentes operativos y mantendrá sus acciones de representación y vigilancia.

USO denuncia antecedentes de infiltración y violencia

En otro frente, la organización rechazó una presunta infiltración paramilitar en Ecopetrol y la persecución histórica contra sus integrantes a partir de elementos incorporados al caso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La USO señaló a José Eduardo González Sánchez, excapitán y subjefe de seguridad de la refinería de Barrancabermeja entre 1995 y 2000. Según el sindicato, habría participado en una estructura integrada por miembros de las Fuerzas Militares, la Policía y grupos paramilitares del Magdalena Medio.

Entre las acciones denunciadas figuran el presunto uso de contratos para infiltrar personas en la organización y el suministro de información de inteligencia a estructuras paramilitares. La USO está acreditada como víctima ante la JEP desde 2023.

El caso aborda hechos relacionados con la retoma paramilitar de Barrancabermeja entre 1998 y 2000. Finalmente, la organización reclamó verdad, reparación integral y garantías de no repetición.

A lo largo de sus 103 años de historia, la USO contabiliza más de 130 asesinatos y 800 hechos victimizantes contra trabajadores, dirigentes sindicales, integrantes del movimiento social y comunidades del Magdalena Medio.

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