Los sindicatos bolivianos preparan movilizaciones contra la eliminación del subsidio al diésel, mientras el Gobierno de Rodrigo Paz busca contener el conflicto mediante reuniones con los sectores afectados. La Central Obrera Boliviana (COB), transportistas y otras organizaciones analizan nuevas medidas de presión.
El Decreto Supremo 5716, firmado el 18 de septiembre, fijó inicialmente el diésel en 17.95 bolivianos por litro, frente a los 9.80 anteriores. Además, sustituyó el precio fijo por un mecanismo ligado al costo de importación y contempla ajustes cuando existan variaciones significativas.
Sindicatos bolivianos rechazan eliminación del subsidio
La COB rechazó la medida y convocó un ampliado nacional de emergencia para definir sus acciones. La organización considera que el incremento afectará la economía de los trabajadores y podría trasladarse al precio de los productos básicos.
Por su parte, la Confederación de Choferes exige la abrogación del decreto. Sus dirigentes advirtieron que contemplan medidas de presión, incluidos bloqueos, mientras representantes del sector analizan el impacto sobre pasajes y fletes.
Los cisterneros también anunciaron medidas y sectores del transporte urbano comenzaron a evaluar sus operaciones. En Sucre, por ejemplo, organizaciones locales plantearon un repliegue preventivo de unidades.
Gobierno defiende ajuste mientras crece el rechazo
El Ejecutivo sostiene que mantener el subsidio resultaba insostenible ante la crisis económica. La eliminación también forma parte de los compromisos vinculados al acuerdo por 1,900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que todavía requiere la aprobación final del directorio del organismo.
Para mitigar el impacto, Paz anunció ayudas económicas para millones de ciudadanos y medidas de apoyo a pequeños negocios. El Gobierno también mantiene temporalmente el subsidio a la gasolina.
La tensión ocurre después de las fuertes protestas registradas entre mayo y julio. Además, Bolivia mantiene un estado de excepción cuya prórroga por otros 90 días entró en vigor el 20 de septiembre.
Ese contexto limita el margen para nuevas movilizaciones. Sin embargo, organizaciones del transporte y la COB mantienen sus reuniones para decidir el alcance de sus próximas acciones.
El resultado de esos ampliados determinará si el rechazo permanece en negociaciones sectoriales o deriva nuevamente en protestas de mayor alcance contra la política económica del Gobierno.
