Los sindicatos de Morelos advirtieron que paralizarán pacíficamente oficinas del gobierno estatal si avanza una reforma al artículo 131 de la Constitución local que, sostienen, podría afectar pensiones y derechos laborales. La Coalición que encabeza la inconformidad reúne alrededor de 20 organizaciones de trabajadores y jubilados.
El conflicto escaló después de la marcha del 14 de julio. Posteriormente, representantes laborales aceptaron participar en mesas convocadas por el gobierno de Margarita González Saravia para discutir una propuesta relacionada con el Instituto de Pensiones. Sin embargo, aseguran que las autoridades no les han entregado el proyecto que pretenden modificar.
Sindicatos de Morelos exigen conocer proyecto de reforma
Ramón Wong Balboa, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo, acusó al gobierno de pretender negociar sin proporcionar información suficiente. Además, sostuvo que existen declaraciones contradictorias sobre si el documento ya llegó al Congreso.
Anacleto Pedraza Flores, representante de jubilados del Colegio de Bachilleres, afirmó que una diputada reconoció públicamente haber recibido una iniciativa para revisión. Por otro lado, señaló que un funcionario estatal habló posteriormente de un proyecto y negó la existencia formal de una iniciativa.
Los inconformes cuestionan por qué las autoridades mantienen reservado el documento si aseguran que no afectará derechos adquiridos.
Trabajadores plantean parlamento abierto
Ante esta situación, la Coalición propuso realizar un parlamento abierto con análisis actuariales y jurídicos. Asimismo, exige proyecciones financieras a 30 y 50 años para evaluar cualquier modificación al sistema de pensiones.
Los trabajadores también quieren revisar experiencias de otros estados y rechazan una eventual transición hacia cuentas individuales. De igual manera, demandan foros públicos donde trabajadores activos y jubilados participen directamente.
Wong afirmó además que la Fiscalía Anticorrupción solicitó información financiera al sindicato a partir de denuncias anónimas, situación que relacionó con su oposición al gobierno.
Finalmente, las organizaciones advirtieron consecuencias políticas si prospera una modificación que consideren perjudicial. Aseguran que unas 30 mil familias podrían organizarse electoralmente contra quienes respalden la reforma.
