Los sindicatos argentinos volvieron a las calles para lanzar un nuevo plan de movilizaciones contra la política económica del presidente Javier Milei. Las organizaciones obreras aseguran que el ajuste fiscal deterioró los salarios, las jubilaciones y el empleo, por lo que anticipan más marchas e incluso una posible huelga general.
Las protestas se desarrollaron este miércoles en los alrededores del Congreso, en Buenos Aires, bajo un amplio operativo de seguridad. Allí, las principales centrales sindicales acompañaron a los jubilados que cada semana exigen mejoras en sus ingresos ante el impacto de la inflación.
Sindicatos preparan nuevas movilizaciones
A la jornada asistieron la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la CTA Autónoma, además de organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y agrupaciones políticas de izquierda.
Oscar Bordalotta, integrante del Plenario de Trabajadores Jubilados, afirmó que la manifestación buscó rechazar las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno de Milei, las cuales, según los participantes, afectan a trabajadores y pensionados.
Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda y de Trabajadores, Myriam Bregman, sostuvo que las protestas deben extenderse y coordinarse entre todos los sectores afectados por despidos, suspensiones, reducción salarial y la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados.
De acuerdo con dirigentes sindicales, esta movilización marca el inicio de un plan de lucha que continuará con una marcha el próximo 7 de agosto y otra manifestación cuando el Gobierno convoque al Consejo del Salario Mínimo para definir el nuevo ingreso básico.
Convocan a paro y cuestionan el ajuste
Las tres principales centrales obreras también prevén movilizarse hacia el Ministerio de Economía durante la tercera semana de agosto y participar en la Semana Social organizada por la Iglesia católica en septiembre, en la ciudad de Córdoba.
Además, la CTA Autónoma informó que trabaja en la convocatoria de una nueva huelga general para expresar el rechazo del movimiento obrero a las políticas económicas que, a su juicio, deterioran el empleo, los salarios, las jubilaciones y las condiciones de vida.
Mónica Schlotthauer, dirigente del sindicato ferroviario y diputada bonaerense del Frente de Izquierda, pidió avanzar hacia un paro nacional y aseguró que el descontento social exige una respuesta más contundente de las centrales sindicales.
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Las críticas al Gobierno también se apoyan en diversos indicadores económicos. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calcula que, desde la llegada de Milei al poder hasta abril pasado, cerraron 28,262 empresas y desaparecieron 341,396 empleos registrados.
Los datos oficiales muestran además que el desempleo alcanzó 7.8% durante el primer trimestre del año. A ello se suma que los salarios del sector privado crecieron 29.3% anual en mayo, por debajo de la inflación de 33.2%.
Otro estudio del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) concluyó que el salario mínimo perdió alrededor del 40% de su poder adquisitivo desde el inicio de la actual administración. Según ese análisis, el ingreso mínimo de junio, equivalente a 367,800 pesos o unos 245 dólares, apenas cubrió la mitad de la canasta básica alimentaria para una familia tipo y fueron necesarios más de cuatro salarios mínimos para superar la línea de pobreza.
