El secuestro de diez trabajadores vinculados al proyecto Pánuco de Vizsla Silver, ocurrido el 23 de enero de 2026 en Concordia, Sinaloa, dejó al descubierto la creciente inseguridad minera en México. Ingenieros, técnicos y personal de campo fueron privados de la libertad por un grupo armado desde un fraccionamiento cercano al sitio de exploración. Hasta hoy, no hay noticias oficiales sobre su paradero.
Vizsla Silver activó sus protocolos internos y suspendió algunas operaciones. Sin embargo, familiares de los trabajadores han denunciado omisión por parte de la empresa y lentitud en las acciones de las autoridades. La situación provocó una respuesta federal que incluyó más de mil elementos de seguridad desplegados en la región.
Organismos como Camimex y la AIMMGM expresaron su alarma por lo ocurrido y exigieron medidas inmediatas para proteger a los profesionales del sector. La clasificación legal del caso como “desaparición cometida por particulares” ha despertado críticas, ya que evita reconocerlo como secuestro, lo que diluye las responsabilidades penales y abre interrogantes sobre los motivos del crimen.
Inseguridad minera pone en jaque la operación de Vizsla Silver
En abril de 2025, Vizsla ya había suspendido temporalmente sus actividades en Pánuco por razones de seguridad. Retomó los trabajos tras declarar que la situación estaba controlada. Hoy, el nuevo incidente cuestiona la validez de esa evaluación y deja en evidencia la fragilidad de los protocolos corporativos ante el crimen organizado.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, las empresas pueden ser legalmente responsables por no garantizar condiciones seguras de trabajo. Las consecuencias incluyen desde multas hasta inhabilitación.
Sinaloa concentra recursos estratégicos como oro y plata, pero también registra un aumento sostenido en delitos contra trabajadores del sector desde 2024.
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