La plataforma Uber Eats dejará de operar con repartidores autónomos en España a partir del 1 de diciembre, tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y Unión General de Trabajadores (UGT). La medida permitirá incorporar a una plantilla laboral a los aproximadamente 4.000 trabajadores que todavía prestaban servicios por cuenta propia.

El acuerdo culmina una transición anunciada en enero y supone el abandono del modelo de autónomos por parte de la última gran plataforma de reparto que todavía lo utilizaba en el país. Sin embargo, las contrataciones no serán directas, sino mediante una empresa subcontratada.

Uber Eats contratará repartidores mediante otra empresa

Los trabajadores pasarán a formar parte de Quinde Crew, una compañía de nueva creación que prestará servicios exclusivamente para la plataforma. Según CC OO, el compromiso contempla la contratación de 4.300 repartidores antes del 30 de noviembre.

La empresa asegura que desde enero ha dado de alta a unos 14.000 trabajadores y considera que el acuerdo permitirá consolidar un modelo laboral sostenible.

No obstante, los sindicatos mantienen sus críticas a la subcontratación, ya que consideran necesario avanzar hacia mejores condiciones laborales para todo el sector.

Por ello, el acuerdo también establece una comisión permanente de diálogo en la que participará Closer Logistics, otra empresa que trabaja exclusivamente para la plataforma y cuenta con más de 4.000 empleados.

Sindicatos impulsan un convenio colectivo para el reparto

CC OO y UGT buscan que las conversaciones permitan negociar urgentemente un convenio colectivo sectorial que establezca condiciones comunes para los trabajadores de reparto.

UGT considera que el acuerdo alcanzado con Uber Eats debe servir como referencia para otras compañías que utilizan la figura del falso autónomo.

Además, las organizaciones sindicales advierten que este modelo laboral también se ha extendido a actividades como la psicología, la limpieza y la ayuda a domicilio.

El cambio llega después de una investigación de la Inspección de Trabajo que detectó el empleo de 60.000 falsos autónomos entre 2022 y 2025.

Como resultado, las autoridades reclamaron 110 millones de euros en cotizaciones impagadas, cantidad que la compañía aceptó abonar. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, el reconocimiento de las obligaciones correspondientes al periodo investigado evitó una sanción adicional.

La transición también ocurre después de que el Ministerio intensificara sus advertencias sobre posibles acciones penales contra los responsables de la plataforma.

Con las nuevas contrataciones, el sector del reparto en España avanza hacia un modelo asalariado, aunque la subcontratación continúa siendo uno de los principales asuntos pendientes de negociación.

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