El Sindicato de Inquilinos y diferentes colectivos por el derecho a la vivienda exigieron al Gobierno de España medidas urgentes para contener el encarecimiento de los alquileres y reforzar la protección frente a los desahucios.

Las organizaciones buscan que el nuevo real decreto ley incluya dos puntos que consideran indispensables: la renovación automática de los contratos de arrendamiento y mecanismos que impidan incrementos desmedidos en los precios de las viviendas.

Sindicato de Inquilinos reclama frenar aumento de alquileres

Las movilizaciones cobraron fuerza después del desalojo de Mari Carmen Abascal, una jubilada cuya vivienda había sido adquirida por el fondo Urba Gestión. Según los colectivos, la propiedad pretendía triplicar el alquiler que pagaba la mujer.

El caso se convirtió en uno de los principales símbolos de las protestas realizadas en la Puerta del Sol. Allí, los manifestantes denunciaron que España registra más de 25 mil desahucios anuales, de acuerdo con cifras atribuidas al Poder Judicial.

Además, las organizaciones sostienen que los alquileres han aumentado hasta 80% durante los últimos años, mientras los salarios no han avanzado al mismo ritmo. Por ello, reclaman considerar la vivienda como un derecho fundamental y limitar su utilización como activo especulativo.

Colectivos anuncian protestas hasta lograr nuevas medidas

A las reivindicaciones habitacionales se sumaron sectores vinculados con la educación infantil y la enseñanza pública madrileña. Organizaciones de trabajadores de la educación respaldaron las movilizaciones y denunciaron los efectos que, a su juicio, tienen los recortes, la pérdida de poder adquisitivo y la privatización de servicios sobre las familias.

Los colectivos anunciaron que mantendrán las acampadas y movilizaciones en distintos centros urbanos mientras no existan nuevas medidas regulatorias.

Asimismo, reclamaron detener los desalojos y rechazaron que la crisis habitacional se convierta únicamente en una disputa partidista.

La estrategia contempla mantener la presión social mientras avanzan las negociaciones parlamentarias sobre el texto definitivo de la regulación. Las organizaciones buscan que las nuevas disposiciones garanticen la continuidad de los contratos y establezcan mayores protecciones frente a los incrementos del alquiler.

Por ahora, los movimientos territoriales y organizaciones sindicales mantienen su intención de continuar en las calles para presionar por cambios antes de que se produzcan nuevos desalojos.

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