Sindicato de la UAS exige auditoría laboral y pago de adeudos

Cifras de la Auditoría Superior de la Federación, dejan claro que la Universidad Autónoma de Sinaloa acumula observaciones financieras por más de 500 millones de pesos en los últimos ejercicios fiscales. A este escenario se suma la exigencia reciente del Sindicato de Trabajadores de la UAS, que solicitó una auditoría laboral y el cumplimiento inmediato de pagos pendientes a los agremiados.

El sindicato argumenta que los adeudos impactan directamente en prestaciones básicas y en derechos adquiridos mediante contratos colectivos. Entre los rubros señalados destacan primas de antigüedad, fondos de retiro y cuotas de seguridad social que no han sido enteradas en tiempo y forma. La solicitud de una auditoría laboral responde a la necesidad de transparentar el manejo de los recursos destinados a nómina y obligaciones patronales.

Implicaciones jurídicas y contractuales

Desde la óptica del derecho laboral, la falta de pago de prestaciones representa una violación directa al artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo, donde se establece la obligación patronal de cumplir puntualmente con salarios y beneficios pactados. El incumplimiento no solo expone a la institución a litigios individuales y colectivos, sino que también puede derivar en sanciones administrativas por parte de las autoridades laborales.

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Casos similares en otras universidades estatales han derivado en laudos millonarios que comprometen aún más la sostenibilidad financiera de las instituciones. La experiencia muestra que la falta de cumplimiento temprano genera acumulación de pasivos laborales difíciles de solventar. En este sentido, la exigencia sindical no solo es legítima en términos legales, sino estratégica para prevenir mayores conflictos en el futuro inmediato.

Expectativas hacia la negociación

El escenario apunta hacia la necesidad de mesas de diálogo donde se conjuguen auditorías independientes, compromisos de pago calendarizados y participación de autoridades federales como observadoras. La resolución de esta controversia marcará un precedente relevante para el resto de las universidades públicas del país que enfrentan problemas similares en su relación con sindicatos y trabajadores.